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EXPEDIENTE                       :              Nro. XXXX-XXX

ESPECIALISTA    :               Dr. XXXXX XXX

ESCRITO Nº                        :              07

CUADERNO PRINCIPAL

SUMILLA                             :             INTERPONGO RECURSO DE CASACIÓN

SEÑOR PRESIDENTE DE LA XXXXX SALA ESPECIALIZADA LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD: 

XXXXXXX, en los seguidos contra XXXX SAC sobre Pago de Beneficios Sociales y Otros, ante Ud. con el debido respeto me presento y digo: 

PETITORIO: 

Recurro ante su despacho, dentro del plazo de ley, a fin de interponer recurso de casación contra la resolución de vista N° 08, en fecha 05 de Julio del presente año, que Confirma la Sentencia Resolución N° 05 pero Revocándola en el extremo del periodo laborado del 01.09.2008 al 20.09.2009, determinándose que el régimen laboral bajo el cual se encontraba sujeto el actor era el del régimen laboral agrario y demás, conforme a las causales y sustento táctico y jurídico que pasare a exponer: 

SUSTENTO DE LA PRETENSION CASATORIA: 

Mi pretensión Casatoria es para que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de La República, case la resolución de vista N° 08, su fecha 05 de Julio del presente año. REVOCANDO el extremo que declara INFUNDADA la pretensión en el periodo laboral comprendido del 01.09.2008 al 20.09.2009,  del mismo modo Revoque la Sentencia en el extremo que declara infundado el pago de la bonificación por concepto de: trabajo nocturno, horas extras, gratificaciones, vacaciones y CTS; así como en la revoque la modificación respecto a la suma de abono por beneficios sociales y la suma por honorarios profesionales. 

CAUSAL EN LA QUE SUSTENTA EL RECURSO 

La causal en que se sustenta el recurso es la infracción normativa que ha incidido directamente sobre la decisión contenida en la Sentencia emitida por la Sala de su Presidencia que estoy impugnando, conforme lo establece el Art. 34° de la NLPT. 

Sustento Factico de la Pretensión Casatoria  

A.- DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN NORMATIVA.-  

Como lo establece en el artículo 36° inciso 2 de la NLPT, la infracción normativa se ha materializado conforme a lo siguiente:  

Se ha determinado que el actor desde el 01 de setiembre de 2008 ha venido laborando para la empresa XXXXX S.A. en merito a un contrato verbal, (motivo por el cual no contaba con un contrato de trabajo, ni estaba en planilla, por lo que no se le ha otorgado el pago de sus beneficios sociales) aplicándose indebidamente el Art. 23.2 de la Ley N° 29497 (en adelante NLPT) que introduce la presunción de laboralidad y también el Art. 4o del TUO del D. Leg. N° 728, aprobado por D.S. N° 003-97-TR que establece los elementos de la relación laboral. 

Señor Presidente, por nuestra parte para acreditar los servicios del actor como chofer, durante el periodo laboral del  01 de setiembre del 2008  hasta el 31 de marzo del 2013  se habría ofrecido  como medios de prueba, las documentales, de libro de planillas, boletas de pago y tarjetas de control de asistencia de entrada y salida, las mismas que fueron cumplidas parcialmente por la demandada, dado que no comprenden todo el récord laboral del demandante, teniéndose en cuenta por el principio de profesionalidad, que es la parte demandada la poseedora de la información requerida, teniendo las posibilidades de cumplir en su totalidad con las exhibiciones requeridas por el actor. El demandante habría presentado además el testimonial de XXXXX siendo que la sala no valoro dicha declaración por considerar que no brinda la certeza requerida en un proceso laboral, no teniendo en consideración la presunción de laboralidad a la cual hace referencia el artículo 23.2 de la NLPT 

De otro extremo si se ha valorado la documentación presentada por la demandada como un cumplimiento total respecto de su carga probatoria, teniendo como resultado que, al no aparecer en las planillas presentadas, sino que aparece recién en las planillas de pago de fecha 21 de setiembre del 2009,  generando dicha documentación incompleta certeza para el colegiado, respecto a la fecha de ingreso a trabajar del demandante, del mismo modo pasan por alto que la parte idónea para presentar  los medios probatorios en su totalidad sobre la fecha exacta en la que el actor entro a laboral a la XXXX SAC es precisamente esta empresa. Siendo que  interpreta el artículo 23.2 de la NLPT en el sentido  que es  obligación del demandante la presentación de los medios de la prueba sobre la prestación personal, no atendiendo a que precisamente para demostrar la real fecha de ingreso, es que se solicitó que se exhiban las documentales que se encuentran en poder de la empresa, presentándose también la testimonial de XXXXXX XXXX , quien refiere el año en que el actor entro a trabajar. 

Al respecto, es de verse en el presente proceso que el Colegiado omite la exigibilidad del artículo 23.2 de la NLPT respecto a la “aplicación que acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado…”  Debido a que la demandada no ha cumplido con la exhibición completa de los documentales requeridos, más aun cuando al principio de la relación laboral el actor se encontraba en una situación informal, pues al no contar con un contrato de trabajo escrito tampoco se encontraba en planilla, ni se le pagaban sus beneficios sociales reconocidos por ley, siendo posible el uso de otras planillas para cancelar la remuneración mensual del actor. 

La inaplicación del artículo 23 e inciso 2, conlleva no solo a la vulneración de un debido proceso, sino a la violación del derecho constitucional de tutela jurisdiccional efectiva.  

En ese sentido es preciso explicar el agravio sufrido en los siguientes términos: 

Una de las pretensiones del recurrente en el presente proceso es pago de sus beneficios sociales de acuerdo al record laborado del 01 de setiembre del 2008 al 31 de marzo del 2013, situación a la que en aplicación del artículo señalado hubiese conllevado a que: acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, debiendo la demandada exhibir los documentales en su totalidad y no de manera parcial. 

Sin embargo en el presente caso pese a que la XXX XXX S.A.C no ha cumplido con la exhibición de los documentos requeridos en su totalidad, se ha valorado los documentales exhibidos como si anterior a 21 de setiembre del 2009 la parte recurrente no hubiera laborado en dicha empresa, repercutiendo dicha valoración en el abono por el concepto de beneficios sociales a favor del demandante, así como en el régimen laboral en el cual estaría inmerso el recurrente, debido a que al considerar que el recurrente empezó a laborar en el 2009 cuando esta se encontraba acogida al régimen laboral agrario, se habría determinado que el actor por estar sujeto a dicho régimen no podría inquirir en el presente proceso los beneficios sociales correspondientes a un trabajador del régimen privado, sin embargo  la adecuación del régimen especial agrario no se debe presumir sino que se debe dar de modo concreto, más aun cuando el trabajador habría iniciado sus labores bajo el régimen laboral común, siendo un lineamiento básico del derecho laboral, de acuerdo al principio de continuidad laboral en el cual el contrato de trabajo tiene vocación de permanencia en el tiempo y es resistente a los cambios eventuales producidos en su entorno. 

No obstante ello, en la sentencia objeto de casación, el Colegiado erróneamente decide REVOCAR la sentencia de primera instancia en el extremo que declara Fundada pago de horas extras y reformándola declararla Infundada,  tomando como criterio que los choferes son trabajadores intermitentes, no pudiendo el empleador ejercer las facultades de fiscalización por ejercer sus labores fuera del centro de trabajo, sin embargo el propio chofer ha señalado en su testimonial que suele realizar actividades de estiba y desestiba; anudado a ello en la testimonial de XXX XXXX XXX XXX manifiesta que existen adicionalmente días en que a petición de la empresa realizan labores en horario diurno 

Se debe revocar la sentencia emitida por el colegiado en el extremo del régimen laboral a cual pertenecería el demandante, quien empezó a prestar servicios a favor de la demandada desde 01 de setiembre del 2008, acogiéndose XXXXX XXXX S.A.C al régimen especial agrario desde el año 2009, no pudiendo afectar los derechos laborales ya adquiridos por el actor, quien se encontraba en un régimen laboral común, correspondiéndole los beneficios sociales propios de dicho régimen  

Al respecto, es de revisar su despacho que tal decisión de establecer un nuevo record laboral desde el 21 de setiembre del 2009 afecta también a su derecho respecto al pago de la asignación familiar, siendo que la sentencia de vista efectúa un pago a abonar respecto de dicha fecha, conculcando su derecho respecto del periodo laboral del 01.09.2008 al 20.09.2009  

Es de considerar la reducción efectuada en la sentencia de vista, respecto a los honorarios profesionales es desproporcional, en cuanto a la  defensa efectuada por el letrado ha sido eficaz, siendo que, se motiva la reducción de este concepto en base a no haber cumplido con la carga probatoria de modo fehaciente, hecho que se desvirtúa por los medios probatorios ofrecidos conjuntamente con la demanda, los cuales fueron merituados en primera instancia. 

En segundo lugar, es de verse que la inaplicación del artículo 23.2 de la NLPT ha conllevado a que el Colegiado emita una decisión a la ligera y errónea, pues ampara la vulneración del derecho a goce de sus beneficios sociales que le corresponden al actor, por el periodo laboral completo; restringiendo este derecho respecto del periodo comprendido del 01 de setiembre del 2009 al 20 de setiembre del 2009. Alejándose lo referido de lo que señala la Cas. N° 608-2017, Lima, la cual establece que el demandante puede dar indicios razonables de la relación laboral invocada, habiendo cumplido la parte demandante con ofrecer su testimonial y la del señor XXXX XXXX XXXX XXX, además de solicitar la presentación de los documentales por parte de la demandada. 

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS NORMAS QUE GARANTIZAN EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO. 

“La infracción normativa refiere al error (o vicio) de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; aquella determina que el caso sea pasible de ser examinado por medio de un recurso de casación, por cierto, en el caso peruano siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido” 

Se debe tener en cuenta, atendiendo a que ha quedado determinada la situación de informalidad en la que se ha tenido al demandante, realizando su función como chofer contando solo con un contrato verbal, sin haber formalizado en modo alguno su contratación; se debe señalar que, para determinar a cuál de las partes procesales le correspondía presentar las documentales aunque informales por las condiciones en las que se ha mantenido al demandante, cabe hacer una breve digresión sobre las cargas probatorias aplicables a esta incidencia procesal; dado que cuando hay hechos por probar, se tiene en principio la regla general: “quien afirma un hecho lo debe probar” (artículo 23.1, de la NLPT 29497); sin embargo, es factible también que opere la teoría de las cargas dinámicas considerada en la doctrina como aquella regla que establece que “corresponde hacer recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva”; así lo señala también el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 1776-2004-AA/TC, refiriéndose acerca de la utilización de la prueba dinámica, en su fundamento 50.c., indicando que “(…) la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, según lo presenta el artículo 196 del Código Procesal Civil. Frente a ello, la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva”. Así tenemos, en el presente caso, que es el accionante al que normalmente  le corresponde la carga probatoria del hecho afirmado en su demanda, no obstante, es la parte demandada la que se encuentra en mejor posición para aportar la prueba respectiva, pues es ella, en su condición de empleadora, la que cuenta con toda la documentación pertinente respecto a la fecha en que el demandante inicio sus labores, debiendo apreciar el accionar de la demandada a efectos de aplicar el artículo 29 de la NLPT. La relación laboral que el demandante ha mantenido con la empresa XXX XXXX XXX . y el mencionado codemandado va desde el 01 de setiembre del 2008 hasta el 31 de  marzo del 2013 en mérito a una contratación verbal.       

Conforme se verifica de la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, cuestionada en el presente recurso, se ha transgredido el derecho a un debido proceso, al haberse atentado contra los siguientes dispositivos legales el artículo 23.2 de la NLPT la cual fue objeto de una inaplicación indebida al trasladarse la responsabilidad por la presentación incompleta de los documentales a la demandante, cuando dicho actuar obstruccionista fue realizado por la parte demandada.  

En este sentido el Colegiado que conforma la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad debió sustentar su decisión en normas jurídicas expresas y aplicables al caso concreto, así como en la congruencia de estas normas con las documentales y medios probatorios, no habiendo considerado el contexto existente al momento del inicio de la relación laboral, en la cual no existía un contrato escrito, encontrándose el actor en una relación laboral informal, situación que se agudiza en el presente proceso al no presentar la documentación completa la parte demandada, pese a tenerla en su poder, debido a la actividad a la que se dedica,   lo señalado implica necesariamente que se revoque la decisión emitida en la Sentencia contenida en la Resolución N° 08 respecto a que esta revoca la sentencia en el periodo comprendido del 01.09.2008 al 20.09.2009, de igual modo revoca el pago de la bonificación por trabajo nocturno, gratificaciones y CTS. De la mismo forma la sentencia recurrida se debe revocar en el extremo que determina al actor como perteneciente al régimen laboral agrario, atendiendo lo solicitado la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de La República deberá ordenar el pago de un nuevo monto a abonar por concepto de los beneficios sociales detentados por el demandante, así como reformar el monto abonar por concepto de honorarios profesionales, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y la diligencia de la defensa técnica en su accionar. 

Lo hasta aquí expresado tiene su correlato y contrastación en pronunciamientos Jurisprudenciales. Tal es el caso de la: 

  • En el exp. N.º 6550-2006-PA/TC el Tribunal Constitucional atribuye a las partes la responsabilidad de brindar los medios idóneos y suficientes para crear certeza en el juzgador no siendo posible emitir un pronunciamiento de certeza sobre la base de conjeturas  
  • Cas. N° 9586 – 2009 Lambayeque infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación 

Por lo tanto, ha quedado acreditado que, corresponde que la Corte Suprema de Justicia de la República, al resolver la casación, declare FUNDADO EL RECURSO procediendo a CASAR la Sentencia de Vista contenida en la Sentencia Revisora recogida en la Resolución N° OCHO, de fecha 05 de Julio del 2018, emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad.; en consecuencia, se Revoque la Sentencia de Vista solo en los extremos que declara respecto a que esta revoca la sentencia en el periodo comprendido del 01.09.2008 al 20.09.2009, de igual modo revoca el pago de la bonificación por trabajo nocturno, gratificaciones y CTS. De la mismo forma la sentencia recurrida se debe revocar en el extremo que determina al actor como perteneciente al régimen laboral agrario, atendiendo lo solicitado la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de La República deberá ordenar el pago de un nuevo monto a abonar por concepto de los beneficios sociales detentados por el demandante, así como reformar el monto abonar por concepto de honorarios profesionales, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y la diligencia de la defensa técnica en su accionar. por encontrarse expedida de manera contraria a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

SUSTENTO JURIDICO DE LA PRETENSIÓN CASATORIA 

Constitución Política del Estado 

Art. 2, inciso 2o, referido a la igualdad de derechos. 

Art. 138, Principio de Legalidad. 

Art. 139 inc. 3o, Principio y derecho de la función jurisdiccional la 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Art. 139, inc. 5 referido a la motivación de las resoluciones judiciales. 

 Ley Orgánica del Poder Judicial 

Art. 7, Tutela Jurisdiccional y debido proceso 

Art. 12, Motivación del fallo 

Ley 29497- Nueva Lev Procesal Laboral 

Art. 23, incisos 2 sobre Carga de la prueba 

Art. 34.- Causales del recurso de casación  

Art. 35.- Requisitos de admisibilidad del recurso de casación 

Art. 36.- Requisitos de procedencia del recurso de casación 

Doctrina Jurisprudencial 

Exp. N.º 6550-2006-PA/TC el Tribunal Constitucional 

Cas. N° 9586 – 2009 Lambayeque 

VI. ANEXOS: 

5-A: Sentencia Casación Exp. N° 608 2017- LIMA 

5-B: Recibo de Tasa Judicial por recurso de Casación 

Por lo expuesto: 

Solicito a Ud., Señor Presidente, conceder el presente recurso Casatorio, disponiendo se eleven los actuados a la Corte Suprema de La República, por ser justicia que merezco alcanzar y por actuar con arreglo a derecho